“La cuestión policial en argentina, un importante factor que contribuye a la violencia estatal ilegal es, pues, el doble efecto del legado del autoritarismo y del hábito arraigado en los cuerpos de aplicación de la ley de resistir a todo intento de someterlo a controles democráticos. El resultado de una policía y cuerpos de seguridad que no son, para cualquier propósito práctico, responsables frente a la autoridad civil, y que son inmunes a todo escrutinio serio por parte de cualquier mecanismo institucional. De hecho, aparecen incluso insensibles a los numerosos esfuerzos por parte de la sociedad civil de arrojar luz sobre sus acciones… pero bien pudiera ser que esos esfuerzos de la sociedad civil no hayan crecido en intensidad o en influencia a causa de otro factor que parece presente en casi todas parte: la amplia indiferencia frente a esos esfuerzos de lo que vagamente podríamos, por la percepción, denominar “opinión pública” en muchos países. La preocupación por la percepción del aumento del delito y por la inseguridad de los ciudadanos está favoreciendo una peligrosa tendencia a la justificación de la brutalidad policial o al menos a una tendencia a considerarla tan sólo un desafortunado hecho de la vida. En el mejor de los casos existen protestas públicas contra la tortura y la brutalidad policial, ruidosas pero generalmente breves; en el peor de los casos las manifestaciones toman la forma de apoyo activo a tales acciones.
(Juan Mendez, La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América latina, PAIDOS, Buenos Aires, 2002, p. 34.)
El gobernador Osvaldo Jaldo realizó el lanzamiento oficial del “Mega Operativo Felices Fiestas» junto con el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y el jefe y subjefe de la Policía, Julio Fernández y Sergio Sobrecasas. En ese mismo acto remarcó que se inyectó $65.000 millones desde diciembre hasta el 7 de enero, robusteciendo los recursos destinados a las fuerzas de seguridad.
El objetivo de estos operativos, según el mandatario, es «para que gran parte de la sociedad disponga recursos para comprar lo que le hace falta y a esto sí o sí, lo teníamos que complementar con la seguridad».
La fuerte inversión en materia de seguridad es parte de la estrategia de gobierno, evidenciado por el importante porcentaje de recursos destinados a la cartera de seguridad, y en más de una oportunidad dio su respaldo al jefe de la policía Joaquin Girvau, ante dichos como «los delincuentes no se reintegran, nacen y mueren en el crimen»
Material suministrado por Andhes:
https://www.instagram.com/reel/DCrndbgOXe3/?igsh=NDQ4dHVjZWV5dDJw
Uno de los hechos concretos que ponen de manifiesto la falta de control sobre los procedimientos, y con ellos las garantías constitucionales de los ciudadanos, fue el ataque sufrido el 30 de julio por el Comisionado del MLP de Tucumán, Fernando Korstanje, por parte de personal policial, mientras realizaba un monitoreo preventivo en la en la Comisaría 1° de la capital provincial. El comisionado Korstanje fue agredido por un agente policial que no estaba debidamente identificado, quien tras hacer un ademán de golpearlo, lo empujó sobre el rostro y torso, le sustrajo momentáneamente su teléfono celular para borrar fotografías, a la vez que lo insultaba y amenazaba con agredirlo sexualmente. La agresión impidió que el comisionado accediera al sector de celdas en el momento en que se realizaba una requisa a las personas detenidas, entorpeciendo de este modo la tarea preventiva y de defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.
En las últimas semanas aumentaron las denuncias de violencia policial en diferentes tipos de operativos, como es el caso del reconocido achilatero que fue desalojado violentamente, o de jóvenes de la ciudad de Alderetes que fueron detenidos por averiguación de antecedentes.
Dejamos el siguiente video testimonial de Fabiana, recogido por CEDESCO publicado en su canal.
Tras los hechos mencionados en el testimonio, se radicó denuncia penal contra de Comisario General JOAQUÍN ALFREDO GIRVAU OLLETA, y el Comisario Gustavo Beltran.
Debido a la inseguridad que generan en la comunidad estos actos policiales en la provincia, recurrimos a consultar a la Dra. Mayra Luna, sobre los Operativos “Felices Fiestas”
“Estos megaoperativos son irregulares, ilegales en la mayoría de sus aspectos. Todo lo que sucede en el marco del famoso ‘trencito’ está mal, y va en contra de los códigos de procedimientos, de las garantías, y los derechos constitucionales.
¿Qué sucede cuando hablamos sobre estos procedimientos en niñas, niños y adolescentes?
“Son operativos de una marcada inconstitucionalidad, pero al margen de eso, específicamente en relación a niños niñas y adolescentes hay incluso un plus de protección que tiene que brindar el Estado. Los procesos penales no son y no deberían ser cómo son los de adultos. Una persona entre los 16 y 18 años que sea llevada detenida a una comisaría es inconstitucional.”
“El Código Procesal Penal desde el 2020 marca procesos diferenciados en el caso de adolescentes en caso de haber cometido un delito.»
«En el caso de contravenciones, ningún adolescente puede ser privado de la libertad por contravenciones de ningún tipo. La sola detención por contravención de una persona menor de 18 años es ilegal. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes por debajo de los 16 años, no deberían ser privados de libertad por ningún motivo y en ningún tipo de establecimiento, ni siquiera por presunción de haber cometido un delito”.
“La edad de punibilidad actualmente sigue siendo la edad mínima 16 años. Y entre los 16 y los 18 años, un adolescente que presuntamente cometió un delito tiene que ser alojado, hasta entrar admisión y derivación en los CAD, que son los dispositivos de la Dirección de Familia, que están preparados para recibir a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Bajo ningún concepto pueden ni deben ser llevados a una dependencia policial.»
«Los adolescentes en conflicto con la ley deberían tener el menor contacto posible con las fuerzas policiales. Por eso los dispositivos en donde se prevé que sean alojados están bajo la órbita de la Dirección de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.”
¿Desde cuándo se encuentra vigente la Ley de Contravenciones?
“La Ley de Contravenciones (ley provincial 5.140) es una ley sancionada durante la última dictadura Cívico militar en 1980, y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2015, en una causa que llevamos adelante desde ANDHES, es una ley totalmente inconstitucional por un montón de aspectos, entre ellos pone al Jefe de Policía en lugar de juez, y dificulta el acceso, o no prevé el acceso efectivo a la defensa, por parte del contraventor acusado y el derecho a ser oído; no hay un control judicial sobre esa detención. A pesar de haber sido declarada inconstitucional sigue vigente por la división de poderes. La Legislatura provincial tiene que sancionar una nueva ley para que se modifique.”
¿Qué es una contravención ?
«Una contravención es una infracción, es una acción que no llega a ser un delito, son faltas menores, pero que de alguna manera se considera que alteran la convivencia pacífica y por eso se le aplica algún tipo de sanción.»
¿Qué debe hacer una persona detenida durante estos operativos de manera arbitraria?
“Lo primero que puede hacer una persona detenida, un familiar o alguien que sepa de una persona detenida arbitrariamente, es interponer un recurso de Habeas Corpus, un recurso que cualquier persona que no sea abogado puede hacer, no hace falta ser abogado ni nada, lo puede interponer y eso habilita primero que un juez tome conocimiento de la situación de esta persona detenida, pide informes acerca de su lugar de alojamiento y motivos de su atención, eventualmente de ser necesario se podrá solicitar la libertad de esa persona”.
«El escenario que describo con argumentos de diferentes fuentes es preocupante y genera inquietud sobre el estado de la seguridad y la libertad en Tucumán. La detención arbitraria de personas es abuso de poder policial.»
La historia de Tucumán ha estado marcada por períodos de represión y violencia, y es fundamental que se tomen medidas para evitar que se repitan esos patrones. La libertad y la seguridad deben ser garantizadas para todos los ciudadanos, sin distinción de edad, género o condición social. Es importante que se realicen investigaciones y se tomen medidas para garantizar que las detenciones se realicen de manera justa y proporcional. También es fundamental que se promueva la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación policial. La sociedad civil y los medios de comunicación deben estar atentos y denunciar cualquier abuso de poder o violación de derechos humanos. Es hora de que se promueva un diálogo constructivo y se busquen soluciones para garantizar la seguridad y la libertad en Tucumán.
